Reproduzco varios párrafos firmados por Lorenzo Bernaldo de Quirós en el suplemento “Mercados” de El Mundo publicado el 22 de abril de 2012. El texto íntegro, titulado “Mitos y leyendas de la reforma educativa”, está disponible para los lectores del diario de Unidad Editorial en la plataforma de pago Orbyt. Agradecimientos a Diego Sánchez de la Cruz por difundir dichos párrafos e ideas liberales por la red.
De entrada, la correlación entre el incremento del gasto público y el rendimiento escolar es falsa. La evidencia empírica disponible a escala global y doméstica desmiente esa repetida falacia. Entre 1992 y 2008, el gasto público por alumno en España creció en la enseñanza universitaria un 77%, en la secundaria un 138% y en la infantil-primaria un 33%. Sin embargo, la evolución de las puntuaciones en los test internacionales durante ese espacio temporal muestran que no sólo no se ha producido una mejora en el rendimiento educativo, sino que éste ha empeorado. Así, por ejemplo, las pruebas internacionales de conocimientos, como las realizadas por PISA, sitúan las medias de los alumnos españoles en el último tercio de los países de la OCDE.
La repetida tesis según la cual España cuenta con la juventud mejor formada de su historia es una falacia. Cerca de un 30% de los adolescentes deja de obtener el Graduado en la ESO. Los jóvenes españoles son los que menos libros leen de la UE-27; ocupan el puesto 26. Ese mismo colectivo está entre los que menos conocen el inglés, puesto 23º en la UE-27 y también están en la cola, puesto 19º, de los estados de la UE en lo referente a la práctica de actividades artísticas o artesanales, básicas para contar con una sociedad innovadora. Estos ejemplos podrían ampliarse de manera sustancial pero bastan para ilustrar el pésimo funcionamiento del modelo educativo nacional.
La afirmación de que el tamaño de las clases, es decir que el incremento de la ratio alumnos/profesores o la reducción del tamaño de las aulas se traduce en una mejor calidad de la enseñanza no se ve contrastada por los hechos. Aunque resulte paradójico y contra-intuitivo, los análisis comparados muestran que esa asociación no es real e incluso arrojan una conclusión políticamente incorrecta, cuanto menor es el número de alumnos por clase, peores resultados se consiguen.
El estudio canónico sobre este aspecto, The economics of international differences in educational achievement, fue publicado por Eric Hanusher y Ludger Woessmann en 2010 y está disponible en la red. En este mismo orden de cosas, el aumento de la dotación de ordenadores e internet en los centros escolares, otro mantra, tampoco ejerce efecto positivo alguno sobre el rendimiento como muestran los resultados de PISA y la literatura sobre la materia.
¿Es todo un desastre? La respuesta es negativa. La realidad española muestra que los centros escolares de titularidad privada tienen mejores resultados que los públicos y, en términos agregados, son más baratos. El mito de una educación privada sólo accesible a las familias con ingresos medio-altos y altos es eso, un mito. En España, el coste medio por alumno en la enseñanza obligatoria es de 5.700 euros/año en la pública y de 4.500 euros/año en la privada. Esto permite extraer una conclusión: el sector privado ofrece mejores servicios educativos a un coste inferior al de los suministrados por los poderes públicos. Por añadidura, este hecho apunta hacia la falla fundamental del sistema educativo español, que no reside en una escasez de recursos, sino en un mal diseño institucional. ¿Cómo mejorarlo?
España tiene una oportunidad de oro para sentar las bases de un sistema educativo moderno y de calidad mediante la introducción el cheque o bono escolar. Esta medida permitiría combinar la financiación estatal de la educación con la libertad de elección de los padres. El Estado paga; las familias eligen; la competencia entre las escuelas se incrementa y la calidad crece. El esquema es muy sencillo. El Estado suministraría a cada hogar un cheque equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público. Los padres podrían decidir a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos y pagarían sus estudios con ese cheque, pudiendo complementarlo con sus propias aportaciones si el precio fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar. Los centros educativos se financiarían de esas aportaciones y se verían forzados a competir entre ellos para ofrecer una formación que atraiga a sus clientes.
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